Salud laboral

Un total de 565 personas, 7 más que en 2013, han perdido la vida durante su jornada laboral o en su trayecto diario para ir o venir del trabajo en 2014. Además, durante el pasado año, se produjo un alarmante incremento de los accidentes laborales, con un total de 482.578 accidentes con baja, lo que supone 14.548 más que el año anterior.

Como consecuencia de la crisis, los recortes y la incidencia de la Reforma Laboral, se está produciendo un retroceso sustancial en la política de salud laboral, como pone de manifiesto el incremento de los accidentes laborales, en torno al 3% en los últimos tres años.

Los datos muestran además que el 49% de los accidentes laborales se producen en los tres primeros meses de contrato de los trabajadores, por lo que en parte se explica este incremento de la siniestralidad laboral ya que la mayor parte de los contratos que se suscriben tienen carácter temporal.

Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora el 28 de abril, USO ha lanzado la campaña “La precariedad laboral mata”, en la que se denuncia la estrecha relación que se establece entre la precariedad, instaurada en el mercado laboral español en los últimos años, y el aumento de los accidentes y muertes en el trabajo.

USO ha elaborado un informe en el que se analizan las causas del preocupante aumento de la siniestralidad, que no solo se ciñe a los datos absolutos, sino que se refleja también en el índice de incidencia, que ha iniciado una tendencia ascendente desde 2013. De esta forma, esta subida no está relacionada con un aumento de la población activa, sino que existen otras causas más profundas, como el incremento de la precariedad en las contrataciones, más acusada a partir de la entrada en vigor de la Reforma Laboral.

La Reforma Laboral cuenta en su texto legal con algunas determinaciones que contribuyen también, en parte, a este incremento como es el hecho de dejar en poder del empresario el cambio en la condiciones de trabajo o facilitar el despido en caso de ausencias por faltas de asistencia al trabajo, aunque sean debidas a enfermedad y justificadas, por lo que el trabajador por miedo a perder su empleo, acude a su puesto de trabajo enfermo o lesionado a pesar del riesgo que ello conlleva.

Además, la grave crisis económica ha incidido en el debilitamiento del, ya de por sí, frágil sistema preventivo, recortando la inversión de las empresas en prevención, tanto en los servicios propios como ajenos.

A la precarización del empleo, hay que unir que la inestabilidad laboral está provocando que crezcan los accidentes que no causan baja, por el miedo a perder el trabajo y a las políticas de “siniestralidad cero” de muchas empresas. En 2014, se produjeron 698.024 accidentes sin baja, lo que supone un ascenso del 1,4% en comparación con los datos de 2013.
La precariedad laboral mata

Molestias musculoesqueléticas y riesgos psicosociales
Según la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, con datos del 2011, el 77,5% de los trabajadores sufren alguna molestia músculoesquelética, derivada de su trabajo. Entre las molestias más frecuentes figuran las localizadas en la zona baja de la espalda (44,9%), la nuca/cuello (34,3%) y la zona alta de la espalda (27,1%).

De los resultados de esta Encuesta se extrae también que, de las personas que manifiestan tener problemas de estrés y depresión o problemas para conciliar el sueño, la mayor parte (82,1%) creen que es producido o agravado por el trabajo.

De igual forma, el estrés laboral causa una de cada cuatro bajas, siendo la segunda causa de baja laboral después de las dolencias musculo-esqueléticas. A nivel europeo, 40 millones de trabajadores sufren estrés y sólo el 26% de las empresas ha tomado medidas para reducir su incidencia.

Medidas para frenar el aumento de la siniestralidad
Desde USO alertamos de la urgencia en tomar las medidas necesarias contra el aumento de los accidentes de trabajo y para evitar que las enfermedades profesionales sigan quedando ocultas o sean tratadas como contingencias comunes.

Si, como anuncia el gobierno, estamos en una etapa de creación de empleo y no se refuerza la prevención de riesgos laborales, nos arriesgamos a alcanzar cifras de accidentes y enfermedades laborales aún más alarmantes.

De igual forma, solicitamos un esfuerzo por parte de las autoridades para analizar y dar respuesta a la nueva realidad de la siniestralidad laboral e insistimos en que es mayor el coste de la no prevención que el destinar los recursos suficientes para la prevención en las empresas.

Es indiscutible el coste humano que suponen los accidentes de trabajo en la sociedad: muertes, minusvalías, lesiones graves y leves, sufrimiento familiar, marginación social y deterioro de la calidad de vida. A este importante coste humano hay que sumar el coste económico, tanto el que se contabiliza –indemnizaciones, Seguridad Social, etc.- como el oculto -deterioro de bienes, actuaciones obligadas, sustracción de recursos humanos para el trabajo, etc.-.

Por todo ello, desde USO reclamamos más recursos públicos para Inspección de Trabajo e Institutos de Prevención, destinados a dar solución al ocultamiento generalizado y subregistro de la enfermedad profesional, ampliando el listado, aún muy limitado, de las enfermedades profesionales, lo que dificulta su adecuado reconocimiento y tratamiento.

Es una realidad constatable que si no se conocen y reconocen adecuadamente las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, nunca se podrán adoptar las medidas apropiadas para prevenirlas. Por ello, desde USO solicitamos el desarrollo de una regulación específica de los riesgos psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos.

Igualmente, solicitamos que los Servicios Públicos de Salud vuelvan a controlar las contingencias comunes y que se ejerza un mayor control a las Mutuas en la gestión de las contingencias profesionales. Este control contribuirá a la correcta calificación de las bajas por accidentes laborales y enfermedades profesionales y a evitar que los trabajadores acudan a trabajar enfermos, ante la negativa en la obtención de la baja, lo que supone un elevado riesgo para los trabajadores y las trabajadoras.